Desde el inicio de la crisis económica, allá por 2007, ésta se mostró como una crisis financiera que implicaba a los mayores bancos del mundo, especialmente a los norteamericanos, alemanes, holandeses, franceses, etcétera. La banca española estaba a salvo, se nos decía, por el fuerte control que el Banco de España venía realizando, pero esto solo era cierto en parte porque la banca española tenía y tiene sus propias problemas derivados principalmente de haber participado en la especulación inmobiliaria. Las viviendas que todos necesitamos se convirtieron en uno de los principales negocios de bancos y cajas, recordemos que ya en los últimos gobiernos de Felipe González la vivienda protegida dejó de construirse y después el gobierno de Aznar impulsó una ley del suelo que iba a conseguir suelo abundante y barato, en palabras de Rodrigo Rato, el efecto, como todos conocemos, fue el contrario, los precios no dejaron de subir hasta que estalló la burbuja inmobiliaria. De fondo tenemos a unos bancos y cajas que no dejaron de aprovecharse de la situación con claúsulas abusivas, como la denominada cláusula suelo por la que no bajan los intereses de un cierto nivel por mucho que el euribor, el índice de referencia, lo haga.
Además la última batería de ajustes implica prácticamente la privatización de las cajas de ahorro que son la mitad del sistema financiero español, con lo cual sus obras sociales se verán reducidas o eliminadas, con lo que ello implica para los sectores más desfavorecidos de la sociedad. Frente a esta perspectiva necesitamos volver a contar con una banca pública que sirva para dar créditos a las Pymes y a las familias, y que funcione con criterios éticos y participativos. Privatizar la banca pública fue y volverá a ser un error que deja sin herramientas financieras al estado.
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